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COMUNICADO No. 002, enero 29 de 2025

El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana expresan su rechazo profundo y contundente al escalamiento del conflicto armado en distintas regiones de Colombia. Asimismo, condenamos enérgicamente el incremento de actos violentos y crímenes cometidos contra la población civil por parte de grupos insurgentes al margen de la ley, hechos que han derivado en el desplazamiento forzado y el desarraigo de más de 30,000 colombianos y colombianas en el Catatumbo.


Hoy, más de 30,000 compatriotas han sido despojados de su derecho fundamental a la justicia y de la protección que les debe garantizar el Estado Social de Derecho. En territorios históricamente marginados y privados de la institucionalidad estatal, como es el caso del Catatumbo, los actores ilegales y violentos continúan perpetuando el abandono, negando a sus habitantes el acceso a los derechos más básicos y la presencia efectiva de la justicia.


Como colectivo comprometido con la promoción de los derechos sociales, la paz y la justicia, pilares fundamentales de la doctrina franciscana, alzamos nuestra voz de protesta contra los violentos que, con sus acciones, vulneran la dignidad humana y los derechos esenciales de miles de colombianos y colombianas. Estas acciones no solo destruyen vidas, sino que socavan la posibilidad de construir un país en paz, equitativo y respetuoso de los derechos fundamentales.


Hacemos un llamado urgente a las instituciones del Estado para que actúen con determinación, implementando medidas inmediatas y efectivas que garanticen la seguridad, la justicia y el bienestar de las comunidades afectadas. Instamos a los organismos internacionales a redoblar esfuerzos en el seguimiento de la situación humanitaria en Colombia y a brindar apoyo para atender las necesidades de las víctimas del desplazamiento y la violencia.


Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la búsqueda de la paz y la justicia social. Invitamos a todas las personas y organizaciones, tanto nacionales como internacionales, a unir fuerzas para rechazar la violencia, abogar por la protección de los derechos humanos y trabajar por un futuro en el que todas las regiones de Colombia puedan disfrutar de una verdadera institucionalidad y del amparo de un Estado que actúe en beneficio de su pueblo.


Paz y justicia para Colombia.

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